Extradición, un Negocio que Paga ©

Ben Bustillo – Prohibited its reproduction

Claramente el gobierno colombiano se declaró inepto de poder juzgar a sus compatriotas en el área del narcotráfico, paramilitarismo, lavado de dinero, al extraditar a sus conciudadanos a Estados Unidos bajo el largo brazo de la justicia estadounidense con códigos hechos especialmente con este propósito. Y a lo mejor se les da por reformar nuevamente la constitución del 91 para añadir el delito de tener pecueca, si se le pudiera tildar de delito.

Lo incompatible resulta que la misma constitución que vela por un derecho fundamental del debido proceso sea violado para fomentar una nueva industria que permita una forma de lavado de activos, una cárcel con todas las comodidades posibles (si es verdad que están presos) y al final de cumplir la condena, supuestamente, a gozar de una transformación cívica y civil que les corresponde como segunda oportunidad a los “reformados,” nuevamente millonarios y libres de gozar de sus delitos pasados.

Al aparentemente quebrantar el acuerdo de desmovilización de los paramilitares en el gobierno de Uribe, éste los embarcó en un avión y los envió a Estados Unidos para ser juzgados, condenados y pagaran sentencia en este país, a un sistema judicial tan corrupto como el de cualquier nación del mundo que diga ser demócrata. Es parte del precio que se paga en un sistema tan putrefacto como el olor a muerte descompuesta. Aquí hay gato encerrado y debe haber algo que desconoce el público. ¿Porqué algunos de ellos están tan calmaditos y callados?

A lo mejor eso es lo que quiere Uribe que Santos haga con los guerrilleros de las Farc; un acuerdo en donde se extraditen sus cabecillas hacia Estados Unidos, purguen sus condenas y enriquezcan las arcas de Estados Unidos al confiscar dineros, propiedades y raíces genealógicas, si pudiesen, y luego regresen a Colombia a vivir la vida loca. ¿Pero sería esto posible? Primero, ya hay un historial de acuerdos con otras facciones antigubernamentales en Colombia creando tradición a la descomposición de esos convenios, como matanzas, encarcelamientos, desapariciones y algunas otras cosas que han sido desapercibidas para el ciudadano común.

Estos antecedentes, que son herramientas utilizables para las Farc en sus negociaciones, las emplean para presionar a los negociadores de Santos quienes naturalmente tienen que aceptar hasta lo máximo posible. ¿Justificable? Sí y no. Sí, porque se está obteniendo el beneficio económico que significa el fin del conflicto. Y no, porque quizás se les estén adjudicando demasiados derechos a los patrocinadores de la seudo llamada “justicia social” que solo les pertenece a estos delincuentes comunes.

Las renumeraciones económicas para esta nueva industria creado por el “caudillo redentor” para ciertos abogados estadounidenses con las capacidades é influencias de lograr beneficios para los “extraditables,” el juego del intercambio de información entre los sistemas policiales de ambas naciones, las garantías que le dan a los acusados, las confiscaciones de propiedades y dineros son indicios de la malicia indígena colombiana, añado a la política y, como buen costeño, tengo que alertar la de la cachaca. Son tan traicioneros como el añadir la papa a todos sus alimentos.

La entrada al mundo de las prisiones de estos individuos es difícil de comprobar para la población general; y la negación de proveer información sobre los mismos convierte en un misterio la suerte que corren en el sistema presidiario de Estados Unidos. Si tratas de obtener información de alguno de ellos, aún tengas su número asignado, se te es casi imposible; y hasta represalias o amedantramientos pueden conseguir quienes se atrevan a investigar sobre su paradero.

Es una buena industria para todos, el traficante, paramilitar, lavador de dinero, gobiernos, abogados, sistemas judiciales, y presidarios. Es más, empatando este negocio con las ideas evolucionistas, se puede decir que el negocio de ser delincuente colombiano ha cambiado hasta el punto de que ofrece amnistía siempre y cuando hagas suficiente dinero para comprar la extradición. Es un negocio redondo y beneficial para quienes escogen la vida delictiva. Como el ser político, narcotraficante, paramilitar, guerrillero. Hasta alcalde de la capital pueden llegar a ser. ¡Eso es ser evolucionista sistemático!

Y con la paz firmada, probablemente, hasta asientos en el senado y el congreso sean regalías que produce la vida delictiva. Lucra ser antisocial en Colombia. Y siempre y cuando no se hayan hechos cargos formales en tu contra, hasta magistrado de la corte constitucional puedes llegar a ser. Si no, pregúntele a Rojas Ríos y a Santos que lo posesionó “discretamente”  en su propio despacho pasando por alto protocolos.

Es imposible no pararse por un minuto y analizar circularmente lo que el país está viviendo. Reelecciones de alcaldes y gobernadores, la del presidente Santos si se lanza o no, las negociaciones con las guerrillas, la oposición de Uribe y sus alianzas con antiguos rivales, el poder político que ejercen las iglesias y la conversión del negocio de las extradiciones. Todos estos elementos, además de la inseguridad incluyendo la de los periodistas, tienen que hacer reflexionar al pensamiento ético de la moral que tenemos como individuos.

Siempre pensé que el derecho constitucional del individuo de tener su debido proceso era intocable, el cual es completamente tergiversado en la enmienda de la constitución del 91, convirtiendo en traidores de la patria a sus organizadores y ejecutantes de dicha ley.

Al analizar esta nueva industria con el total de 1.211 (cantidad en el 2010) y 126 en lo que va este año del 2013, el 75% son por delitos de narcotráfico. Al avalar estos procesos enviándolos a Estados Unidos, Colombia pierde demasiado; jurídica, y económicamente. El país no recibe un peso de lo que se le quite a estos delincuentes. Y como es así, sería mejor que fuesen juzgados y pagasen sus condenas acá que en un sistema judicial tan corrupto como el nuestro. ¿Cuál es la diferencia?

Por lo menos acá crearía más prisiones que son tan necesitadas, trabajo y más cinismo ante nosotros mismos al declararla anticonstitucional nuevamente, más por intereses económicos que por otra razón. Además, serviría como instrumento de negociación con los guerrilleros garantizándoles una justicia, condena y purgamiento rápido para callar a los enemigos de la consecución de la paz.

En mi opinión, la extradición no debiera existir porque es una violación al derecho constitucional del debido proceso y es una traición al colombiano. ¡Revóquenla!